Captura de Pantalla 2019-09-19 a la(s) 07.00.18

Convocatorias a Juntas Generales

Reformas legales a los requisitos para realizar convocatorias a Juntas Generales

Captura de Pantalla 2019-09-19 a la(s) 07.08.46

Por: Andrea Estefanía Ríos Campaña


La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos[1]promulgada el 23 de octubre de 2018, vino acompañada con varias reformas a la Ley de Compañías. Entre otras modificaciones, encontramos cambios que no muchos conocen, en lo que respecta a los requisitos que deben cumplir las convocatorias a juntas generales de socios o accionistas de compañías limitadas o anónimas, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Hasta antes de esta reforma, la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 236[2]indicaba que las Juntas de Socios o Accionistas, según corresponda, debían ser convocadas cumpliendo los siguientes requisitos:

  • Ser convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía. En el caso de compañías limitadas, este requisito podía obviarse si el estatuto social de la sociedad preveía algo distinto.
  • La publicación por la prensa debía hacerse con al menos ocho días de anticipacion al fijado para la reunión.

Estas disposiciones fueron complementadas con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías Limitadas o Anónimas[3]de noviembre de 2014, en el cual se regularon aún más los requisitos que deben tener estas convocatorias a Juntas Generales, teniendo como finalidad garantizar que todos los socios o accionistas de compañías, puedan tener conocimiento de las juntas a celebrarse en las empresas en las que tienen invertido su capital.

Estos requisitos son:

  • La convocatoria debe hacerse de acuerdo a lo previsto en los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías, respectivamente. Lo cual hasta cierto punto nos remite a lo que disponga la norma legal.
  • La convocatoria debe ser enviada por correo electrónico a todos los socios o accionistas de la compañía, sin perjuicio de su publicación por la prensa o notificación personal, o demás medios previstos en el estatuto social.
  • Esta notificación electrónica debe hacerse el mismo día en que se dé cualquier otro medio de convocatoria previsto en la ley o el estatuto.
  • En caso de realizarse publicación por la prensa, o notificación personal, debe acompañarse a la notificación por correo electrónico el scan de la misma, indicando el nombre del periódico y la fecha de publicación, de ser el caso.
  • Adjunto a la notificación por correo electrónico debe remitirse la información referente a los temas a tratar en la junta, con los correspondientes justificativos de respaldo y las pertinentes propuestas.
  • Cuando la convocatoria se la haga por la prensa, se debe publicar en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, y sus dimensiones mínimas deben ser de dos columnas por ocho centímetros.
  • Entre la fecha de notificación o publicación de la convocatoria, y la fecha de reunión, deben mediar por lo menos ocho días, es decir, no se computan los días de notificación ni el de celebración de la junta.
  • Para la publicación o notificación de la convocatoria y para el cómputo del plazo son hábiles todos los días, pero, las juntas generales solamente podrán celebrarse en días hábiles en un horario de 8:00 a 20:00.

Por su parte, las reformas planteadas a la Ley de Compañías a través de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, trajeron las siguientes reformas en lo que a convocatorias a Juntas Generales se refiere:

  • Deberán ser convocadas por correo electrónico, o cómo establezca el estatuto social de la compañía; y,
  • Serán convocadas con al menos cinco días de anticipación a la celebración de la junta general.

En esta reforma que modificó la ley encontramos una clara flexibilización, pues más allá de que se redujo el número de días de anticipación con los que se debe convocar, se reducen costos, por cuanto convocar por la prensa implica un costo elevado que las empresas deben pagar al periódico; y, además, muchas veces está sujeto a la disponibilidad en diagramación del medio de comunicación. Se debe considerar también que en caso de existir errores en la convocatoria, subsanarlos implica hacer una nueva publicación por prensa dejando sin validez la primera convocatoria; y, publicando la convocatoria correctamente.

Por otro lado y respecto a esta referencia que hace la ley al estatuto social de cada compañía, es preciso indicar que en su gran mayoría, las compañías constituidas antes de octubre de 2018[4], son una copia textual de la normativa anterior, indicando que la convocatoria debe realizarse por la prensa y con al menos ocho días de anticipación a la celebración de la Junta General de socios o accionistas de la compañía. Esto significa que aún cuando la Ley de Compañías actualmente prevea una forma de convocar más flexible, mientras las compañías no reformen sus estatutos sociales en este sentido, deberán ceñirse a lo que estos digan para no incurrir en nulidades de las Juntas Generales[5].

Una vez que hemos analizado brevemente las disposiciones legales y reglamentarias que se encuentran vigentes, así como también aquellas que han sido reformadas, evidenciamos una incongruencia entre disposiciones que se encuentran vigentes a nivel legal y a nivel reglamentario, teniendo un Reglamento que nos indica que la convocatoria necesariamente debe ser con ocho días de anticipación; y, por otro lado, una Ley de Compañías que señala que, siempre que el estatuto no diga lo contrario, la convocatoria debe hacerse con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Frente a esta inconsistencia se requiere una actualización al reglamento, la cual debe ser dada por resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y que no debe olvidar que aún existen muchas compañías que en su estatuto social prevén la convocatoria por la prensa, por tanto es un tema que podría seguirse regulando a través del Reglamento, si así se lo considerase pertinente.

De todas maneras, mientras el órgano de control no actualiza la normativa reglamentaria a fin de que sea concordante con la Ley de Compañías, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta al momento de convocar a juntas generales de socios o accionistas?.

Para responder esta pregunta es necesario remitirnos a la Constitución, la cual establece que:

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

 En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.[6]

De la lectura de la norma constitucional en referencia, evidenciamos que la ley es jerárquicamente superior al reglamento, por tanto, al tratarse de un conflicto entre normas de distinta jerarquía debemos atender a lo que señala la Ley de Compañías en lo que respecta al tiempo de anticipación con que debe hacerse la convocatoria, claro está, siempre que el estatuto social no contemple un tiempo mayor.

[1]Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, publicada en el Registro Oficial Nº 353 de 23 de octubre de 2018.

[2]Artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial Nº 312 de 5 de noviembre de 1999. Última modificación publicada en Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de Octubre de 2018.

[3]Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución Nº. SCV-DNCDN-14-014 de 24 de octubre de 2014, Publicada en el Registro Oficial 371 de 10 de noviembre de 2014.

[4]Fecha en que se promulgó la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, en referencia.

[5]Siempre que no se trate de Juntas Universales en las cuales estén presentes todos los socios o accionistas de la compañía y se cumplan otros requisitos adicionales, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

[6]Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de Octubre de 2008. Última Modificación publicada en Registro Oficial Suplemento 79 de 30 de abril de 2019.