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Estado de excepción

 ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

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Foto: El Universo

Por: Alejandra Lora


A los 3 días del mes de Octubre del año 2019 inició una protesta social a nivel nacional en el Ecuador, frente a los ajustes económicos que decidió aplicar el Gobierno en torno a un acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional, la cual se extendió durante 11 días. Inicialmente el paro fue liderado por varios transportistas y ciudadanos, uniéndose con posterioridad pueblos y nacionalidades indígenas así como otros colectivos sociales, exigiendo la derogación del decreto 883, el cual establecía el alza de precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y Diésel al eliminar los subsidios y liberar de manera oficial los precios de los mencionados combustibles.

La ciudadanía reaccionó ante las medidas económicas ejerciendo el Derecho a la resistencia consagrado en el artículo 98 de la Carta Magna, mediante el cual tanto individuos como colectivos pueden ejercerlo frente a las acciones u omisiones del poder público que puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar que se reconozcan nuevos derechos. Esta protesta debe estar enmarcada en un contexto dentro del cual no se produce afectación a civiles o a grupos armados, siendo garantizada la integridad de cualquier grupo social como son los colectivos indígenas o los representantes de los medios de comunicación.

Sin embargo, se suscitaron acontecimientos que excedieron la protesta pacífica y la tornaron cada vez más violenta, por cuanto se dieron acciones como la paralización de servicios públicos, el cierre de las principales arterias viales del país y saqueos;  criminalizando una protesta, ya que el Código Orgánico Integral Penal prohíbe y establece sanciones para quienes realicen este tipo de actos. Ante estos hechos, el presidente de la República decidió emitir el decreto 884 sobre el estado de excepción, y posteriormente el decreto 888, estableciendo el toque de queda que restringe la circulación vehicular e impide la movilidad ciudadana en horarios determinados.

 Según Rafael Bielsa, el Estado de excepción se define como “una situación jurídico política que impone restricciones a la libertad en razón de graves motivos de seguridad común”.[1] Incluso a partir de la primera Constitución que ha sido escrita en el mundo moderno, la cual es la de Norteamérica, ya se consideró esta figura dentro de un estado democrático. Y en el Ecuador se encuentra normado en la Constitución así como en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, definiéndolo en su artículo 28 como “la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado.”

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 164 que el jefe de Estado podrá “decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Esto sin interrumpir las actividades de las funciones del Estado observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que lo establezca contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan.”

El artículo 165 define las atribuciones del gobierno en estado de excepción, indicando que se podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, igualmente el Presidente podrá:

  1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
  2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
  3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Lo cual ocurrió al establecer a la ciudad de Guayaquil como la sede temporal de gobierno, atribución que aún a pesar de que en el Ecuador se ha decretado el estado de excepción en más de una ocasión en los últimos años, no se la había adoptado desde hace 124 años cuando gobernó Eloy Alfaro[2].
  4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
  5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
  6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
  7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
  8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

Adicionalmente corresponde al Presidente de la República notificar la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda, dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto correspondiente, tal y como lo hizo Lenin Moreno, razón por la cual la Corte Constitucional revisó y declaró la constitucionalidad del mismo, determinando que su vigencia sería por un plazo máximo de treinta días; y no de sesenta días como estableció el decreto inicial.

Es importante mencionar lo que establece la Opinión Consultiva OC 9-87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 6 de octubre de 1987, respecto a que “los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales”[3], puntualizando que no cabe la suspensión de estas garantías básicas y que la Justicia no debe ser negada a ninguna persona bajo ninguna circunstancia.

El presidente Lenin Moreno expuso el jueves 3 de octubre que “con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el Estado de Excepción a escala nacional[4], a su vez, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al primer mandatario con el fin de que derogue el decreto con el cual entra en vigencia este régimen de excepción en el territorio nacional, ya que, según el mismo Freddy Carrión, “esta medida ha ocasionado la exacerbación de la violencia[5]. Al respecto corresponde al gobierno reflexionar si efectivamente fue la decisión más adecuada, tomada cuando el paro recién iniciaba; en ese entonces ¿realmente se podría argumentar que estábamos en circunstancias de grave conmoción interna y que el orden institucional no era suficiente para responder ante las amenazas de seguridad presentadas? O, por el contrario, sí existían otras respuestas ante los sucesos acontecidos mediante las cuales podía retomarse a una situación de normalidad con un menor impacto.

Si bien es cierto que todo exceso conlleva una consecuencia, en muchas situaciones sociales e históricas, las acciones realizadas por varios manifestantes no dejan de ser legítimas en función de los derechos exigidos para el colectivo social. No obstante, la lucha social puede verse deslegitimada por hechos indefendibles y reprochables como la provocación de un incendio en instituciones públicas como la Contraloría General del Estado, o los ataques a medios de comunicación privados y a sus trabajadores por parte de personas civiles o infiltrados, acciones que generaron un rechazo hacia la protesta de los manifestantes tanto a nivel nacional como internacional, en vista del terror que se propagó al interior del país, lo cual se aleja totalmente de la naturaleza del derecho a la resistencia.

El cuestionamiento que muchos se hacen ahora es,  si la salida iba a ser el diálogo, por qué el gobierno se desgastó y nos desgastó a todos los ciudadanos, tanto a los que solo queríamos seguir ejerciendo nuestras actividades diarias y trabajar, como a los que estaban manifestando, pues previo a cualquier tipo de acción represiva que hoy puede ser duramente criticada por algunos grupos, incluso previo a hacer público el decreto 883, debió considerarse el diálogo entre los principales representantes de todos los sectores del país (no solo la comunidad indígena) y sus equipos, en búsqueda de un consenso en la adopción de las medidas económicas más adecuadas para la población.

Queda en todos el mal sabor de boca de los días de un octubre negro que vivimos los ecuatorianos, en los cuales se vieron excesos tanto de los supuestos manifestantes, como de los miembros policiales y militares que actuaron bajo órdenes de sus superiores en defensa de la seguridad ciudadana, soberanía e integridad territorial, días que hoy estamos seguros pudieron haberse evitado desde un inicio, de haberse dado un diálogo previo.

En general el llamado a la paz aplica para todos los sectores sociales, acorde al respeto y libertades existentes en nuestra patria, verificando que el Estado constitucional de derechos y justicia siempre se respete, y procurando que la estabilidad perdure. Ante la conmoción social existen numerosas violaciones a los derechos, por lo cual es fundamental objetarlas y siempre procurar la defensa de las garantías mínimas de cada ciudadano, el Estado debe respetar y hacer respetar los derechos de los habitantes del Ecuador, finalmente deberá responsabilizarse y determinar las sanciones respectivas a quienes provocaron vulneraciones de derechos.

[1] GUALA Ángel, “Control constitucional de los Estados de excepción”, PUCE, 2012.

[2] “Solo dos veces se había cambiado la sede del Gobierno de Ecuador; la última vez lo hizo Eloy Alfaro hace 124 años” El Universo, 8 de octubre de 2019, https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/08/nota/7552064/solo-dos-veces-se-ha-cambiado-sede-gobierno-ecuador-ultima-vez-hizo

[3] “Independencia judicial y debido proceso en el Paro Nacional” INREDH, 17 de Octubre de 2019. Obtenido de: www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/1225-independencia-judicial-y-debido-proceso-en-el-paro-nacional

[4] “¿Qué implicaciones tiene el Estado de Excepción en Ecuador?”, Telesur, 3 de octubre de 2019. Obtenido de: www.telesurtv.net/news/ecuador-implicaciones-estado-excepcion-protestas-20191003-0028.html

[5] DefensoriadelPueblo,  Twitter, 7 de Otubre de 2019. Obtenido de: twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1181306009740070913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1181306009740070913&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elcomercio.com%2Factualidad%2Fdefensoria-pueblo-moreno-excepcion.html