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FMI trae cambios

POSIBLES REFORMAS LABORALES EN VIRTUD DE LA CARTA DE INTENCIÓN ENVIADA AL FMI

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Por: Daniela Vizcaíno Aragón


El 21 de marzo de 2019, el Gobierno dio a conocer la carta de intención remitida al Fondo Monetario Internacional[1] con fecha 1 de marzo de 2019, la cual contiene los compromisos que asumió el estado ecuatoriano con dicha entidad. Esta carta consta de 6 ejes principales: restaurar la prudencia en la política fiscal; fortalecer el marco institucional del Banco Central; reforzar el sistema financiero; apoyar la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento; promover la prosperidad compartida y proteger a pobres y vulnerables; y, lograr la transparencia y el buen gobierno; sin embargo, en el presente análisis abarcaremos únicamente su cuarto eje, relativo a materia laboral.

Dentro de la carta de intención, el Gobierno recalca su objetivo de convertir al Ecuador en un destino predilecto para los negocios, impulsando así la generación de empleo y, consecuentemente, la reducción de la informalidad. Para dicho efecto, se avizoran tres reformas que deberá implementar el Ecuador, no solo con la finalidad de hacer frente a este reto, sino a su vez, para intentar mermar la proyección del FMI respecto a un aumento de la tasa de desempleo al 4,3% durante el año 2019 y al 4,7% en el año 2020[2]. Las reformas laborales irían encaminadas a la implementación de contratos laborales menos rígidos, que permitan una mayor participación de mujeres y de trabajadores jóvenes; conjuntamente con la eliminación de costos implícitos de contratación, así como el incremento del plazo de duración del período de prueba.

Como primer punto, y en cuanto a la incorporación de los jóvenes a la fuerza laboral, el Ministerio de Trabajo[3] ha implementado programas como “Mi primer empleo” y “Empleo Joven”, mismos que se encuentran dirigidos a jóvenes entre los 18 a 26 años de edad; y, que reconocen incentivos a los empleadores que los contraten ajustándose a los presupuestos establecidos en las normas que regulan dichos programas.

En este sentido, dentro del proyecto “Mi Primer Empleo” se encuentran recogidas las pasantías y prácticas pre profesionales, que si bien no implican una relación de dependencia propiamente dicha, regulan el derecho de los pasantes a recibir una contraprestación, trabajar en un horario que no exceda las 6 horas diarias; así como también, establecen que su duración máxima sea de 6 meses, ya que pasado este tiempo sin que se dé por terminado el contrato, se convertirá en un contrato de trabajo a plazo indefinido. En este último supuesto, el estado ha dotado de incentivos especiales a estos contratos, los cuales están encaminados a que, una vez terminado el plazo fijado, los jóvenes sean incorporados laboralmente a la empresa.

Así, se ha estipulado que por el tiempo que dure la pasantía, el Ministerio realizará un reembolso mensual del 50% de la contraprestación y del aporte al IESS del pasante; y que, sí una vez concluida la pasantía el joven es contratado bajo relación de dependencia laboral, se procederá al reembolso del 50% restante, de tal forma que al empleador se le reconozca hasta el 100% de la contraprestación y del aporte a la seguridad social, por el tiempo que duró la pasantía, siempre que dicho valor no supere un Salario Básico Unificado del trabajador en general.

Por otro lado, el Gobierno dentro del programa de “Empleo Joven”, reconoce a los empleadores que hubieren contratado a jóvenes que no cuenten con más de doce meses de aportaciones continuas a jornada completa y, que cumplan con todos los requisitos previstos en la “Norma Técnica de Implementación del Proyecto Empleo Joven”, incentivos como el 50% de un Salario Básico Unificado vigente de un trabajador en general, el 100% de un aporte patronal de un Salario Básico Unificado vigente de un trabajador en general; y, el 100% de vacaciones sobre dicho salario.

A pesar de todas las políticas públicas implementadas por el gobierno con el objetivo de motivar a los empleadores a contratar jóvenes entre los 18 y los 26 años de edad, las mismas no han logrado el propósito de unir a la masa laboral al número de jóvenes que se esperaba, por lo que, actualmente se propone la eliminación de restricciones, conjuntamente con la inclusión de contratos más flexibles que permitan que los jóvenes y mujeres que no tienen actualmente empleo, puedan incursionar en el mercado laboral.

Adicionalmente, cabe señalar que respecto a la participación de mujeres, si bien el Ministerio propiamente no ha elevado a rango normativo, programas para estimular su contratación e inclusión, se encuentra trabajando en políticas que permitan generar condiciones igualitarias para hombres y mujeres, eliminar las brechas salariales, incluir a las mujeres en sectores anteriormente considerados como no tradicionales, así como garantizar la igualdad y no discriminación en sus gestiones. En este sentido, el Ministerio con fecha 29 de mayo de 2018 suscribió con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el “Plan de Inicio del Programa del Sello de Igualdad de Género”; y, ha venido suscribiendo varios convenios con actores importantes como: la empresa Coordinadora de Empresas Públicas-EMCO EP y, el Comité Ecuatoriano Empresarial-CEE, todos estos acuerdos encaminados a garantizar la inclusión de mujeres en la esfera laboral.

Al respecto, si bien el Ministerio ha intentado adoptar políticas en pro de garantizar la igualdad y no discriminación, es importante señalar que el artículo 42 numeral 34 del Código de Trabajo, luego de las reformas incorporadas por la “Ley de Amparo Laboral de la Mujer”[4], establece que será obligación del empleador contratar el porcentaje mínimo de trabajadoras que sea establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo, sin embargo, este porcentaje no existe actualmente, por lo que, sería necesario que además de realizar nuevas reformas normativas, se dé cumplimiento a la ya existente, de tal forma, que se garantice que las mujeres sean vinculas de manera equitativa.

En relación al segundo punto, esto es la eliminación de costos implícitos a la contratación, el análisis que se realiza hace relación a los gastos en los que deben incurrir los empleadores en caso de desvinculación de un trabajador. En ese sentido, se hace hincapié en la bonificación por desahucio que los trabajadores deben recibir, aun cuando se han desvinculado de manera voluntaria de la empresa. A este respecto, la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que reformó el segundo inciso del artículo 184 del Código de Trabajo, incluyó el pago de la bonificación por desahucio, sea que la relación termine por acuerdo entre las partes o por el desahucio presentada por el trabajador, por lo que, se plantea analizar la forma en la que debería ser aplicada esta bonificación, en los casos en los que es el trabajador el que toma la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo de manera voluntaria.

Como último punto, y respecto a la ampliación del periodo de prueba, el Código de Trabajo establece en su artículo 15 que, en todo contrato indefinido que se celebre por primera vez, podrá pactarse un periodo de prueba que no podrá exceder de los 90 días, salvo el caso de servicio doméstico, cuya duración será de 15 días. En este sentido, si bien no ha existido un pronunciamiento respecto al tiempo que propondrá el ejecutivo, el sector empresarial considera que el periodo de prueba para el caso de compañías nuevas, debería extenderse hasta el plazo de dos años, ya que los empresarios cuando están emprendiendo un nuevo negocio, no cuentan con los recursos suficientes para cancelar los costos de desvinculación de una persona.[5]

Adicionalmente y para terminar, cabe señalar que si bien el Gobierno se encuentra analizando opciones para asumir sus compromisos adquiridos, estas reformas no se llevarán a cabo durante el año 2019, por lo que, se espera que durante este año se analice el impacto que estas medidas podrían tener tanto en empleadores como trabajadores.

 

REFERENCIAS.-

[1]En adelante: FMI.

[2]Diario el Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/carta-intencion-fmi-credito-ecuador.html.

[3]En adelante: Ministerio.

[4]Registro Oficial 124 de 6 de Febrero de 1997

[5]https://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-fmi-reforma-laboral-economia.html