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Derecho de socios y accionistas a impugnar

Impugnación y nulidad de resoluciones de Juntas Generales de compañías sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

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Por: Andrea Estefanía Ríos Campaña


A propósito de que nos encontramos en una época en la cual las compañías limitadas y anónimas, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deben presentar a este organismo toda la información anual, el presente artículo busca educar a los lectores, especialmente a los administradores de compañías, respecto de la importancia de celebrar las Juntas Generales respetando todas las formalidades previstas por la normativa vigente. Y, por otro lado, hacer un llamado a los socios o accionistas de estas sociedades, para que conozcan de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, para defender sus derechos como inversionistas, en caso de que estos estén siendo vulnerados.

Parte de la documentación que se debe entregar al órgano de control, consiste en un acta de Junta General Ordinaria, lo cual implica que previamente debe llevarse a cabo una sesión en la que se aprueben los siguientes documentos:

  • Estados Financieros
  • Informe del Representante Legal
  • Informe del Comisario en el caso de sociedades anónimas, ya que no es obligación para las compañías limitadas tener un comisario a menos que su estatuto así lo contemple.
  • Informe de auditoría externa, en caso de que los activos de la compañía excedan los 500.000,oo dólares de los Estados Unidos de América.

Si los administradores de las compañías no remiten esta información hasta el 30 de abril de cada año, podrá imponérseles una sanción pecuniaria; o, a su vez, en caso de que el incumplimiento se deba a la falta de pronunciamiento de la Junta General respecto de dicha información, se impondrá a la compañía una multa por cada día de retraso. En el año 2019 estas multas no podrán exceder de USD $ 4.728,oo [1].

El problema es que en la gran mayoría de los casos, estas Juntas Generales no siguen las formalidades previstas en la normativa aplicable, desde su convocatoria hasta su ejecución, lo que conlleva a que las resoluciones adoptadas en estas sesiones estén viciadas de nulidad; o, puedan ser impugnadas o apeladas ante el Juez de lo Civil del cantón del domicilio de la compañía, a través de una demanda que se tramitará en procedimiento sumario; y, que deberá ser presentada por los socios o accionistas de la compañía que representen la cuarta parte del capital social.

Lamentablemente existe muy poca regulación respecto a impugnación y nulidad de resoluciones de Juntas Generales de Socios o Accionistas, la Ley de Compañías los regula brevemente, tratándolos como dos conceptos con procesos distintos, aunque en ocasiones se los confunde. A continuación revisaremos brevemente cada uno de ellos y los casos en los que son aplicables:

 

Apelación o impugnación de acuerdos de Junta General [2].-

Los socios o accionistas de la compañía pueden interponer esta acción siempre que no hayan concurrido a la Junta, o cuando hubieren dado su voto en contra de la resolución. El plazo de caducidad para presentar la demanda es de treinta días contados a partir de la fecha de la sesión.

Las causales para apelar los acuerdos de juntas generales son bastante amplias y permiten que se de lugar a muchas interpretaciones, pues la Ley de Compañías señala que esta apelación procede cuando los acuerdos “no se hubieren adoptado de conformidad con la ley o el estatuto social, o que lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la compañía.[3] ” Con esto entenderíamos que cualquier resolución que haya infringido la ley o el estatuto social en cualquiera de sus disposiciones, podría ser impugnada.

Para ejercer la acción de impugnación es requisito esencial que los socios o accionistas depositen los certificados de participación o títulos de acciones conjuntamente con su demanda, los cuales no serán devueltos hasta la conclusión del juicio, por lo que sus propietarios estarán imposibilitados de transferir todo o parte de su porcentaje en el capital de la empresa.

 

Nulidad de resoluciones de Junta General [4] .-

Por otra parte, la ley de la materia contempla la acción de nulidad de las resoluciones adoptadas por la Junta General. En este caso la norma es clara al indicar que la nulidad no queda sometida a los plazos de caducidad de la impugnación; sin embargo, no señala el tiempo, por lo que el criterio es que deben aplicarse los plazos de vencimiento para la interposición de la acción de nulidad previstos en el Código Civil, así tenemos que en el caso de nulidad relativa la acción prescribe en el plazo de 4 años; y, por su parte, en el caso de nulidad absoluta la acción prescribe en el lapso de 15 años.

El Código Civil explica la diferencia entre estos términos de la siguiente manera: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. (…). Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.[5]”

Por tanto, para determinar frente a qué tipo de nulidad nos encontramos, deberíamos estudiar a profundidad cada una de ellas, lo cual no es objeto del presente artículo; y que, con la finalidad de no extendernos demasiado, lo analizaremos en una próxima entrega. De todos modos, es preciso señalar que tenemos casos como el de la causal de nulidad prevista para los casos en que no se hubiere convocado especial e individualmente al comisario de la compañía, situación en la que según indica la Doctrina 39 de la Superintendencia de Compañías[6], estaríamos frente a una nulidad de carácter absoluto al haberse omitido una solemnidad sustancial, esto implica que no puede ser saneada y que el plazo para presentar la demanda sería de 15 años desde que se adoptó la resolución.

Sin embargo, ante la falta de normativa alrededor del tema, lo sugerible sería dar a todas las causales de nulidad establecidas en la Ley de Compañías, el tratamiento de nulidades relativas, y por ende, presentar la demanda en un tiempo máximo de 4 años contados desde la fecha en que se adoptó el acuerdo.

En relación a las causales de nulidad previstas por la Ley de Compañías, encontramos una enumeración taxativa de los casos en los que las resoluciones de la Junta General son nulas:

 

1. Cuando la compañía no estuviere en capacidad para adoptarlas, dada la finalidad social estatutaria;

Esta causal aplica para aquellos casos en los que la resolución adoptada sea contraria a las    actividades económicas dentro de las cuales la sociedad puede desempeñarse.

 

2. Cuando se las tomare con infracción de lo dispuesto en los Arts. 233, 236 y 238;

Correspondería a aquellos casos en los que la convocatoria a Junta General de Accionistas no cumplió con los requisitos de: a) Tiempo de anticipación con el que debe enviarse la convocatoria (esto dependerá del tipo de sesión); b) Forma de dar a conocer de la convocatoria a Junta; c) Lugar o forma de desarrollo de la Junta; o, también en el caso de que se hubiere llevado a cabo una Junta Universal y en el acta no consten las firmas de todos los socios o accionistas de la empresa.

Precisar con exactitud los requisitos que se requieren para todas las compañías sería un error, pues siempre será indispensable revisar el estatuto social de cada una de estas, con la finalidad de determinar si existen regulaciones internas adicionales que se deben tomar en cuenta para la convocatoria, instalación y desarrollo de Juntas Generales.

 

3. Cuando faltare el quórum legal o reglamentario;

La causal tercera está relacionada con aquellos casos en los que se instalan en sesión ordinaria, extraordinaria o universal, sin contar con el número mínimo de asistentes requeridos para que ésta sea válida. La norma señala que para la instalación de la Junta General se requiere que esté presente por lo menos la mitad del capital pagado de la compañía[7], lo cual sería suficiente para el caso de Juntas Generales Ordinarias; sin embargo, siempre si es necesario revisar el quórum de instalación previsto en el estatuto social de cada compañía.

Por otra parte, para el caso de Juntas Generales Extraordinarias, es preciso considerar que existen ciertas decisiones en las que a pesar de que la Ley de Compañías no ha previsto un quórum de instalación especial, los socios o accionistas, aún estando debidamente instalados no podrán adoptar ninguna resolución por cuanto requieren la aprobación de un porcentaje mayor al cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía para determinados actos societarios.

 

4. Cuando tuvieren un objeto ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres;

Esto se da en el caso de resoluciones que contravienen notoriamente la normativa legal o las normas morales de convivencia.

 

5. Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la compañía anónima o, por su contenido, violaren disposiciones dictadas por ésta para la protección de los acreedores de la compañía y de los tenedores de partes beneficiarias; y,

Esta causal de nulidad busca proteger a los socios o accionistas de la compañía, en caso de que se adoptaren resoluciones violatorias a sus derechos consagrados en la Ley, reglamentos y el estatuto social de la compañía.

 

6. Cuando se hubiere omitido la convocatoria a los comisarios, excepto en los casos de los Arts. 213, inciso segundo y 238.

Esta causal de nulidad está relacionada con el contenido de la convocatoria a Junta General, en la que necesariamente deberá hacerse el llamamiento expreso a los comisarios señalando sus nombres y apellidos completos, así como la dirección de cada uno de ellos.

Adicionalmente a las causales de nulidad aquí señaladas, tenemos un caso adicional que se presenta cuando los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización hayan incurrido en la prohibición legal que dispone que estos no podrán votar: a) En la aprobación de los balances; b) En las deliberaciones respecto a su responsabilidad; y, c) En las operaciones en las que tengan intereses opuestos a los de la compañía[8]. En este caso, dicha nulidad ocurre solamente en el caso de que no hubiese sido posible la mayoría requerida para la aprobación de la resolución, sin el voto de los funcionarios que irrespetaron la prohibición legal de abstenerse de votar.

 

En caso de que se den cualquiera de los casos aquí previstos, los socios o accionistas podrán demandar la nulidad de las resoluciones de Junta General. Lamentablemente la Ley de Compañías no es clara en la regulación respecto a este tema; solamente se aclara que los plazos de caducidad para impugnaciones de acuerdos de juntas generales no son aplicables al caso de nulidades; sin embargo, para este segundo caso no especifica si la demanda debe ser presentada por un número de socios o accionistas que representen al menos la cuarta parte del capital social de la compañía. Mi criterio es que no, pues al menos en los casos en los que se han omitido solemnidades sustanciales para la celebración del acto (o resolución en este caso), la nulidad podría ser declarada incluso de oficio.

Es evidente que existen temas que la entidad de control debe regular aún, además, es preciso señalar que después de las últimas reformas a la Ley de Compañías, no existe una armonía en el ordenamiento jurídico aplicable, en lo que corresponde a requisitos y forma de convocar a Juntas Generales de socios y accionistas, pues el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta[9], aprobado en octubre de 2014, difiere mucho de las actuales disposiciones de la Ley de Compañías

Es importante recalcar también que conceptos como la nulidad e impugnación de acuerdos de Juntas Generales deberían ser mejor desarrollados en la legislación, a fin de que no quede duda alguna respecto de cómo debe ser manejado cada uno de los procedimientos previstos, sin dejar lugar a discrecionalidades de parte de los jueces.

 

REFERENCIAS:

[1] Este valor corresponde al cálculo de 12 salarios básicos unificados del trabajador en general.

[2] Artículos 215, 216, 249 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial Nº 312 de 5 de noviembre de 1999. Última modificación publicada en Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de Octubre de 2018.

[3] Artículo 215 Ibíd.

[4] Artículos 119, 216, 243 y 247 Ibíd.

[5] Artículo 1698 del Código Civil, décima codificación, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 46 de 26 de Junio de 2005.

[6] Doctrina de la Superintendencia de Compañías 39, Registro Auténtico de 1997, 29 de agosto de 1997.

[7] Artículo 237 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial Nº 312 de 5 de noviembre de 1999. Última modificación publicada en Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de Octubre de 2018.

[8] Artículo 243 Ibíd.

[9] Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 14, Registro Oficial N° 371, de 10 de noviembre de 2014.