Foto: Gabriela Fab https://www.flickr.com/photos/59882593@N05/

Procedimiento administrativo de protección de la niñez. 4 (final)

El Procedimiento Administrativo de la Niñez y Adolescencia: Una mirada desde el ejercicio pleno de los derechos humanos de los sujetos procedimentales

Por: Ma. Lourdes Miranda

Foto: Gabriela Fab https://www.flickr.com/photos/59882593@N05/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

  • El Procedimiento Administrativo de Protección de Derechos ha sido concebido como el medio expedito y desjudicializado por medio del que las amenazas o vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes sean efectivamente protegidos y restituidos.
  • El procedimiento administrativo cumple una doble finalidad garantista protegiendo los derechos de los administrados y el interés general.
  • El proceso judicial y el procedimiento administrativo comparten ciertos principios, sin embargo, algunos de ellos también les son extraños y son aquellos los que los caracterizan y dotan de autonomía.
  • En todo procedimiento administrativo rigen los principios de legalidad, debido proceso, publicidad, oficialidad, informalismo, simplicidad, celeridad y gratuidad.
  • La principal diferencia entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial es su objeto, en síntesis, tiene que ver con que en sede judicial el fin aplicar la justicia en un caso determinado, mientras que en sede administrativa se pretende cumplir con los fines del Estado.
  • Las normas procesales judiciales no pueden regir en el procedimiento administrativo, pues éstas se sustentan en la bilateralidad y el litigio.
  • Pretender endilgar normas o principios específicos del proceso judicial a un procedimiento administrativo implica la desnaturalización del mismo e impide la cristalización de los fines estatales.
  • Pueden actuar como organismos sustanciadores en el procedimiento administrativo de protección de derechos: las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y, los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. Obedeciendo a la naturaleza del caso, cada órgano asume diferentes competencias.
  • Los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia sustanciarán el procedimiento administrativo observando los principios y características propias del mismo.
  • Los niños, niñas o adolescentes deberán expresar su opinión sobre todos los asuntos que los afecten.
  • El procedimiento administrativo será nulo si no se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa.
  • Las resoluciones que tome el organismo sustanciador serán siempre motivadas. La falta de motivación da lugar a un acto arbitrario donde no rigen los derechos humanos sino la voluntad de la administración.
  • El organismo sustanciador atenderá a las competencias establecidas en la norma al momento de conocer un caso.
  • El interés superior del niño es un principio jurídico, no es un concepto indefinido y ambiguo, no queda a la libre decisión de la autoridad el aplicarlo antojadizamente y por tanto su aplicación no podrá ser contraria ordenamiento legal.

4.2. RECOMENDACIONES

  • Cuando en la sustanciación del procedimiento administrativo se presenten antinomias o anomias se deberán aplicar directa e inmediatamente los principios que rigen los derechos humanos y el procedimiento administrativo.
  • No invocar como normas supletorias aquellas que correspondan a procesos judiciales. Establecer las normas constitucionales aplicables en cada caso y fundamentar las decisiones en base a las mismas.
  • Precautelar en todo momento los derechos de todos los sujetos procedimentales, sin dejar de observar que el norte de las actuaciones será la protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescente.
  • Una correcta aplicación del principio del interés superior del niño deberá cumplir con los siguientes presupuestos:
    • Satisfacer el ejercicio integral de los derechos;
    • Mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes;
    • No podrá ser invocado contra norma expresa; y, no podrá ser aplicado sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente.

 


BIBLIOGRAFÍA

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BASE JURÍDICA

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  • Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador el 23 de Marzo de 1990.
  • Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial N° 737, 3 enero 2003.
  • Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial N° 544, 09 marzo 2009.