Imagen de la justicia

Reparación integral: ¿Un derecho o una pena?

Imagen de la justicia
En las sentencias se suele ordenar Reparación integral: ¿Es derecho o pena? Imagen: OhLizz

Reparación Integral: Un derecho o una pena

Por: Ab. Ma. Lourdes Miranda

1. Introducción
A través de los siglos la construcción de la responsabilidad civil y el derecho de daños se erigieron bajo un enfoque eminentemente patrimonialista, en donde las reparaciones se centraban exclusivamente en restituir las afectaciones de carácter material. El reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos como piedra angular de todo Estado de Derecho, derivó en materia de responsabilidades en el replanteamiento del centro de las reparaciones, encontrando hoy que resarcir los daños acaecidos sobre la persona humana es vital para garantizar la vigencia de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular.

De esta forma, el concepto de “reparación integral” se ha ido desarrollando en la región, a través de la justicia transicional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente en nuestra legislación ha sido recogida tanto en la Constitución de la República, como en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la legislación penal, por medio del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que ha desarrollado ampliamente el concepto, generando la obligación de restituir a la víctima en todos los casos en que existe sentencia condenatoria.

Ahora bien, es una verdad de Perogrullo que el reconocimiento normativo no es suficiente para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, de modo que la aplicación de las normas que establecen la reparación integral deben atender a las circunstancias particulares de cada caso y a los derechos que han sido violados.

En el caso de las mujeres esto cobra particular importancia considerando que en varias conductas delictuales como por ejemplo el femicidio, subyacen estereotipos de género y situaciones de discriminación de carácter estructural, que derivan en graves actos de violencia donde se ven trastocados el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, así como el derecho a la vida de las mujeres.

En tales circunstancias resulta indispensable que tanto el análisis del caso como las medidas de reparación se dispongan desde una perspectiva de género, ello desde luego implica reconocer que la reparación integral no se corresponde con la sanción en sí misma, concerniendo esta última a la responsabilidad penal y considerando además que: “(…) todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad.(…)” (Caso María Elena Loaiza Tamayo vs. Perú, 1998).

A través del enfoque de género los casos pueden ser analizados, considerando que detrás del delito, existe un contexto social y una historia de vida, marcada aún por un latente machismo y basada en roles tradicionalmente impuestos, donde el ejercicio del poder es
androcéntrico y la desigualdad, en menoscabo de la mujer, es la regla.

2. Desarrollo
En nuestra legislación se acogió el denominado principio de reparación integral a partir del precepto incluido en el Art. 78 de la Carta Constitucional, donde se prevé:

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.” (Constitución de la República, 2008)

Se procuró más tarde replicar este principio en los artículos 11.2, 77 y 78 en el COIP, a priori y desde el punto de vista sustantivo estos preceptos resultaban coherentes con uno de los postulados sobre los que se construyó la nueva legislación penal que, pretendiendo superar las anacrónicas concepciones vigentes hasta expedición del COIP, relegaban a la víctima y la invisibilizaban, priorizando la punición per se, sin considerar al sujeto de los detrimentos del delito: la víctima.

Desafortunadamente, el tratamiento legislativo dado a la reparación integral a través del COIP presenta ambigüedades y si no se interpreta adecuadamente su aplicación podría resultar contraria a la finalidad teleológica de la norma constitucional, que consiste en reparar plenamente a las víctimas de infracciones penales. Para empezar el Art. 78 del COIP, supedita la indemnización de daños inmateriales a que estos sean evaluables económicamente.

Concomitantemente, el Art. 604 prevé al respecto de la audiencia preparatoria de juicio:

(…) Para la sustanciación de la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán además de las reglas comunes a las audiencias establecidas en este Código, las siguientes: (…) 4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán: a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral (…)”. (COIP, 2014)

De otro lado, el Art. 622 sobre los requisitos de la sentencia determina:

(…) La sentencia escrita, deberá contener: (…) 6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando
corresponda. (…)”. (COIP, 2014)

Estas normas se traducen en que:

  1. Los daños inmateriales deben ser cuantificables económicamente para que exista resarcimiento pecuniario; y,
  2. La carga de la prueba sobre los montos de los daños sufridos corresponden a la víctima.

En los casos donde se vulnera el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, así como en casos de femicidio, estas normas poseen nefastas repercusiones. En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, los detrimentos a la integridad psicológica son difíciles de probar, pero su cuantificación en términos económicos resulta imposible; así mismo, en delitos en donde se ve afectada la integridad sexual, presentar una prueba sobre la valoración económica del daño no solo es absurdo sino que constituye una revictimización.

En nuestra legislación no se ha acogido la posición adaptada por la Corte IDH y amplia parte de la doctrina, en el sentido de que los daños que recaen sobre la persona pueden ser indemnizados en términos económicos aun cuando estos no sean cuantificables en estricto sentido:

“De acuerdo con una visión materialista de la vida -de cualquier signo o ideología- dominante en el derecho hasta no hace mucho, sólo era posible reparar las consecuencias del daño que tenían un “precio” en el mercado, que se podían traducir en dinero.

De conformidad con esta estrecha concepción, dentro de la cual la vida humana y los derechos fundamentales de la persona carecían de un “precio”, resultaba imposible fijar una indemnización como consecuencia de un daño de carácter no patrimonial. Es decir, prevalecía un criterio economicista, dentro del cual se trataba con absoluto desdén -o desprecio- lo que significaba el ser humano en sí mismo, desconociéndose el auténtico valor de la vida humana.” (FERNÁNDEZ, 2002).

Si bien en rigor solo los daños patrimoniales pueden ser indemnizados asegurando la restitutio integrum –volver al estado antes de que acaezca el daño- no es menos cierto que existen daños que solo pueden mitigarse:

“La indemnización no tiene fines de reparación sino de compensación, esto es igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Y esto es correcto, puesto que se pretende con la indemnización amortiguar, atenuar el daño, a través de la entrega de un bien que puede causar en el ánimo del ofendido una satisfacción que compensa en algo el daño recibido.” ZABALA BAQUERIZO (citado en TORRES, 1984).

Muchos de los daños que soportan las mujeres como consecuencia de un delito, inciden determinantemente en la cristalización de su proyecto de vida: “El más grave daño que se puede causar a la persona es aquel que repercute de modo radical en su proyecto de vida, aquel acto que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con dicho proyecto libremente escogido, atendiendo a una personal vocación.” (FERNÁNDEZ, 2001).

Bajo la normativa actual que se cubra una indemnización por este concepto requiere de una aplicación directa e inmediata de la Carta de Derechos, considerando además la jurisprudencia de la Corte IDH en la que se ha resuelto de forma univoca y sistemática la importancia de reparar el daño al proyecto de vida.

Otro de los vacíos que observamos en cómo se ha regulado la reparación integral tiene que ver con que el COIP no determina el mecanismo a través del que se garantiza que dicha reparación se verifique “sin dilaciones” como lo dispone el Art. 78 de la Constitución; ciertamente resultaban impostergables el aumento de penas y la tipificación de ciertos delitos como la violencia psicológica, sin embargo si el sistema de justicia no brinda una capacidad de respuesta expedita para que el proceso penal no se vuelva un calvario, las víctimas continuarán renuentes a presentar una denuncia y exigir sus derechos. Desde luego, el garantizar un acceso universal a la justicia y sin dilaciones cruza por la implementación de Políticas Públicas y acciones programáticas concretas, en donde si bien en nuestro país se verifican avances sustanciales, todavía resta mucho por avanzar.

Finalmente es de reconocer que en materia de derechos de las mujeres la judicialización de los problemas sociales está lejos de ser la solución, en este línea de ideas, los cambios sociales que se requieren para enterrar permanente el machismo rebasan al sistema de justicia; no obstante, el impedir que la sociedad continúe naturalizando la discriminación de género, profundizando las heridas –herencia de una sociedad patriarcal – depende indefectiblemente de que cuando se violan los derechos de las mujeres se exija y se cuente con una reparación integral. A pesar de todo lo anotado, no podemos dejar de apreciar la importancia de que el COIP contemple mecanismos de reparación no pecuniaria, develando así que muchos perjuicios pueden ser resarcidos a través de acciones concretas que no involucran el patrimonio. En efecto, para las víctimas resulta extramente representativo que se extienda una disculpa o se reconozca que hubo una violación a sus derechos humanos.

3. Conclusiones
Esta mirada crítica a como se ha configurado la reparación integral en nuestro ordenamiento jurídico pretende evidenciar, por un lado, la importancia de incorporar el enfoque de género al tiempo de establecer normas en las que los derechos de las mujeres se ven involucrados; a su vez, resulta indispensable que más allá de la retórica jurídica, al momento de aplicar la Ley, el juzgador garantice una reparación integral en los términos constitucionales, como garantía de los derechos humanos. La reparación no puede verse como una carga para quien ha recibido una sentencia condenatoria, sino como el justo resarcimiento que la víctima merece recibir por sufrir un daño. La obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, así como su derecho a la vida, no se agota con la tipificación del femicidio o en la agravación de penas, es necesario que al momento de aplicación de las normas, sobre todo en materia de reparación integral, se realice bajo la luz del enfoque de género.

4. Bibliografía

  • Caso María Elena Loaiza Tamayo vs. Perú (Corte Interamericana de Derechos Humanos 27 de Noviembre de 1998).
  • FERNANDEZ, C. (2001). Apuntes sobre el daño a la persona. Buenos Aires: La Ley.
  • FERNÁNDEZ, C. (2002). El daño al Proyecto de vida. Recuperado de http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_7.PDF
  • Constitución de la República, Registro Oficial 449, Ecuador, 20 de octubre de 2008.
  • Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180, Ecuador, 10 de febrero de 2014.